Vacantes y lentitud en la Justicia: un especialista propone cuatro ejes para modernizar el sistema de selección y gestión judicial

La Justicia federal argentina atraviesa un escenario complejo marcado por 266 puestos sin cubrir: 159 se tramitan en el Consejo de la Magistratura, 77 están bajo la órbita del Poder Ejecutivo y 30 aguardan la definición del Senado. A esto se suman 75 concursos activos en el Consejo, los cuales pueden contemplar uno o más cargos a la vez.

Frente a esta situación, el constitucionalista de la Universidad Austral Alfonso Santiago elaboró un documento que detalla cuatro propuestas orientadas a dotar de mayor agilidad y transparencia a los nombramientos.

El especialista advierte que la opacidad y los retrasos en los concursos perjudican de forma directa el desempeño judicial. Por ello, destaca la importancia del proyecto de un nuevo Reglamento de Concursos impulsado por la Corte Suprema —mediante la Acordada 4/2026— y enviado al Consejo de la Magistratura para su debate.

Entre sus puntos principales, la iniciativa habilita los concursos anticipados antes de que se produzca la vacante e incorpora un legajo digital auditable. Asimismo, busca recortar la discrecionalidad al limitar la entrevista personal a un máximo de 20 sobre 200 puntos (el 10% del total) y fija criterios objetivos para armar las ternas. También prevé una evaluación técnica doble que resguarde el anonimato. Según el abogado, estos cambios fortalecerán la legitimidad de los elegidos y reducirán tanto la cantidad de vacantes como el tiempo que lleva cubrirlas.

Como segunda medida, Santiago sugiere auditar la efectividad de las reformas procesales que se aplicaron en los últimos años a nivel nacional y provincial con el fin de acelerar los juicios. Su idea es pasar de un debate meramente teórico a un análisis empírico basado en resultados concretos: contrastar los tiempos previos y posteriores a los cambios para determinar qué prácticas realmente funcionan y cuáles conviene replicar.

El tercer eje apunta a lo que ocurre una vez que el magistrado asume el cargo. Aunque el sistema cuenta con mecanismos de ingreso, disciplina y remoción, el académico señala que sigue faltando una evaluación constante del rendimiento. Por eso, plantea que los jueces rindan cuentas ante la sociedad, los letrados y sus superiores.

Para fundamentarlo, observa una paradoja frecuente en el fuero: juzgados con idénticos recursos humanos, infraestructura y normas procesales obtienen rendimientos dispares. Medir esas brechas, argumenta, permitiría replicar buenas prácticas institucionales.

Finalmente, el cuarto punto pone el foco en orientar la Justicia hacia las necesidades de la ciudadanía. El especialista sostiene que las modificaciones estructurales deben complementarse con un cambio cultural en los integrantes del sistema y en el perfil de sus líderes. En este sentido, considera que las próximas elecciones de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura representan un escenario propicio para debatir la eficacia y la transparencia del Poder Judicial.

Fuente: NA